Proyecto ecoturístico Arrecifes: De la consulta al chantaje

Tomado de El Tiempo

La consulta previa por parte del Estado a los indígenas, afros, raizales y otras minorías, por territorio y costumbres, es catalogada como derecho fundamental. Pero les planteo esta respetuosa controversia a dos voces tan autorizadas en el tema de minorías como César Rodríguez Garavito y Gloria Amparo Rodríguez.

El populismo jurisprudencial de la Corte Constitucional (en más de 40 sentencias) ha desencadenado que muchas consultas previas se desborden y pasen a la irracionalidad. Hasta degenerar en lucrativos negocios individuales de avivatos acompañados de mafias de asesores que hacen su modus vivendi. Exigen viáticos, pasajes, alojamiento, almuerzos de determinadas especificaciones, honorarios de actores externos (toda esa lagartería izquierdosa internacional), oenegés, y compensaciones económicas. Mientras negocian, frenan la infraestructura nacional, y en el Congreso tienen varados hace más de año y medio proyectos fundamentales que requieren consultas previas: la ley general de tierras, la de reforma de las podridas 'Car' y el código minero.

Pongo tres ejemplos actuales de desbordamiento: la segunda calzada Buga-Buenaventura, que conecta al país con el que debería ser uno de sus más valiosos puertos, paró. La Corte le concedió una tutela para consulta previa sobre el tramo Loboguerrero-Mediacanoa a un grupo afro de incierta representatividad étnica, que apareció en la mitad de la construcción. Y en Buenaventura hay un barrio, San Antonio, que hace dos años tuvo amenaza de tsunami. El Gobierno lo reubicó, y ahora una comunidad reclama, vía tutela, consulta previa para permitir que pase un tubo del acueducto que haga habitable el barrio con agua potable. Otro más: los amigos del Presidente, los indígenas de la Sierra Nevada, tienen parados 15 proyectos, entre otros la autopista al mar, hasta que él no los invite a tomar té (o aunque sea un juguito) a Palacio a charlar, no de esos proyectos en concreto, sino de generalidades.

Como estos ejemplos, hay varios otros, entre alrededor de 30 proyectos de infraestructura que están en etapa de consulta previa, a un costo que a veces sobrepasa los cinco mil millones de pesos por consulta.

No sé si sepan que, además, el Plan de Desarrollo incluye, seguramente por razones de justicia histórica, 92 compromisos con las comunidades indígenas (que valen 1 billón de pesos) y 102 con las afros, adicionales al derecho de ser consultadas previamente a la construcción de una carretera, un puente, una ranchería, una ampliación, una explotación minera o hasta un suspiro que aleguen que los afecte.

Aunque la consulta previa está respaldada por una ley, la Corte debe aceptar moderar sus tutelas interpretativas del convenio que al respecto hicimos con la Organización Internacional del Trabajo (porque también es cierto que en materia internacional nuestro complejo es tal, que firmamos lo que nos pongan). Es más. ¡Sin darnos cuenta, la Corte Constitucional condicionó el año pasado el Poder Constituyente para reformar la Constitución, a consultas previas con las minorías!

Es urgente reglamentar los tiempos de esas consultas previas, sus procedimientos, representatividad de las comunidades, sus honorarios, compensaciones económicas y un tope de costos.

¿Y por qué creen que no se ha avanzado en la reglamentación de un tema tan urgente que está parando, con sus abusos, vitales proyectos de infraestructura del país? Porque un proyecto de ley para reglamentar la consulta, a su vez, será de obligatoria consulta previa con las comunidades con las que se hace la consulta previa que se quiere reglamentar.

Momento en el cual aparecerán los avivatos, las mafias de asesores, exigiendo viáticos, pasajes a Bogotá, compensaciones económicas, para chantajear con su apoyo esta futura consulta sobre la consulta.

Cuando el río suena... Las mejores películas nominadas que no se ganarán ese Óscar: Amour y Los juegos del destino.

María Isabel Rueda